Gobierno de Perú niega «violación masiva y sistemática de derechos humanos»
Lima, (EFE).- El Gobierno de Perú rechazó que en el país exista una «política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos» y aseguró que está dando «todas las facilidades» para que se investiguen las muertes producidas durante las protestas antigubernamentales que comenzaron en diciembre pasado.
Un comunicado oficial lamentó «profundamente la pérdida de vidas humanas» en las protestas, pero señaló que «es categórico al afirmar que en el Perú no existe una política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos ni lo que han denominado un «racismo sistémico» en el actuar de las distintas autoridades».
El comunicado, publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MinjusDH), se refirió directamente a un informe preliminar presentado por Amnistía Internacional (AI) y aseguró que el gobierno «aprecia el diálogo abierto» sostenido el pasado 15 de febrero entre la presidenta Dina Boluarte con representantes del organismo.
«El Ejecutivo viene brindando todas las facilidades para el desarrollo de las investigaciones por parte del Ministerio Público con el fin de identificar a los responsables de las graves afectaciones al derecho a la vida, como también a la propiedad pública y privada en los últimos meses», sostuvo.
En ese sentido, reiteró que «corresponderá a las autoridades competentes, luego de conocido el resultado de las investigaciones, procesar y sancionar conforme a la normatividad aplicable».
El MinjusDH también informó que «en forma paralela» a las investigaciones, en diciembre se creó una Comisión Multisectorial en la que participan como invitados representantes de la Defensoría del Pueblo, de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Perú y del Consejo Interreligioso de Perú.
«APOYO SOLIDARIO» A LAS VÍCTIMAS
Anunció, en ese sentido, que se ha acordado entregar «un apoyo solidario» de 50.000 soles (unos 13.150 dólares) por cada persona fallecida, y 25.000 soles (unos 6.500 dólares) a los heridos de gravedad, civiles y policías, que hayan quedado con alguna secuela.
«Asimismo, se identifican las necesidades de estas personas en temas de salud física y mental, educación, vivienda, agrarios, entre otros para poder brindarles atención integral», acotó.
Según diversas fuentes, en las protestas que comenzaron en diciembre han muerto 70 personas, al menos 48 de ellas en manifestaciones y enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad, 42 en los sureños departamentos de Cuzco, Puno, Ayacucho, Apurímac y Arequipa.
El comunicado también sostuvo que «el Gobierno peruano es consciente que, en el país, la lucha contra la discriminación es uno de sus mayores desafíos ya que la misma se encuentra arraigada en la sociedad y ha contribuido a acentuar las brechas de desigualdad».
Antes de finalizar, reiteró «su voluntad para desarrollar un dialogo nacional amplio e inclusivo con un enfoque intercultural y de derechos humanos» para alcanzar «una salida consensuada a la difícil situación que atraviesa el país, preservando en todo momento el orden constitucional y el estado de derecho».
«En dicho esfuerzo espera contar con el apoyo de la comunidad internacional y de organizaciones nacionales e internacionales comprometidas con el fortalecimiento de la democracia y la promoción y protección de los derechos humanos», concluyó.
LA POSICIÓN DE AMNISTÍA INTERNACIONAL
Amnistía Internacional (AI) denunció este jueves que, durante las protestas en Perú, hubo «ataques generalizados» hacia la población por parte de las fuerzas del orden y que la «grave crisis de derechos humanos» que vive el país ha sido alimentada por el racismo y la criminalización contra comunidades indígenas y campesinas.
«Efectivamente, en Perú se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. Se trata de ataques generalizados hacia la población, con la intención de castigar y silenciar a personas que ejercen su legítimo derecho a la protesta», aseguró la directora para las Américas de AI, Erika Guevara.
Insistió en que el «uso excesivo y desproporcionado de la fuerza» dejó un saldo «fatal y trágico», que «profundiza el racismo sistémico que existe en las autoridades del Estado».
Guevara alertó que estos hechos «podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, lo que es un crimen bajo el derecho internacional, que tiene responsabilidades, no solo de quien jaló el gatillo sino de quien dio la orden».
Tras denunciar ataques a la prensa durante las movilizaciones, AI sostuvo que «existen indicios de que se podría estar utilizando el sistema judicial de manera inapropiada para perseguir y silenciar a las persona que participan de las protestas».
Expresó, en este sentido, su «gran preocupación» ante la falta de «recursos, capacidad y experticia» de las fiscalías regionales que podría llevar a la «impunidad».