Dictan un año de prisión preventiva para asesino de Orlando Jorge Mera
El juez Rigoberto Sena Ferrera de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó un año de prisión preventiva contra Miguel Cruz, acusado del asesinato de Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente.
El imputado deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres.
“El tribunal ha acogido en todas sus partes la solicitud insertada por el Ministerio Público, imponiendo 12 meses de prisión preventiva…tenemos fe de que se reunirán todos y cada uno de los elementos ya que este es un hecho más que comprobado desde la medida de coerción”, expresó la fiscal Mirna Ortiz, quien aseguró que las investigaciones continuarán a cargo de la fiscalía del Distrito Nacional.
El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva, y detalló en el documento de solicitud de medida de coerción que Cruz cometió el hecho por la negación de un permiso para la exportación de unas 5,000 toneladas de baterías usadas.
La audiencia estaba pautada para ser realizada el pasado jueves pero el magistrado decidió pautar nueva fecha para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción, a raíz de que la defensa del victimario declaró necesitar más tiempo para conocer el expediente.
La medida, presentada por el Ministerio Público a través del fiscal titular interino Kelvyn Colón Rodríguez y la fiscalizadora Carolin Junesca de Oleo Santana, indica que el imputado asestó seis disparos a la víctima, incluyendo heridas a distancia y de contacto, “lo que evidencia que no se conformó con dispararle a distancia, sino que luego le hace disparos de contacto al cuerpo mortalmente herido”.
Señala que el accionar muestra una acción criminal que evidencia una conducta típica de “un asesino frío y calculador”.
Enfatiza que la muerte, de Orlando Jorge Mera, se trató de un crimen planificado, que las evidencias muestran que se encontraba en un estado de inconformidad por la negación de un permiso para la empresa Aurum Gavia, S.A., la cual se encuentra bajo investigación, y que había solicitado para exportar 5,000 toneladas de baterías usadas.
“Las evidencias muestran que el imputado había estado tratando de que se le otorgaran múltiples permisos, pero se quejaba de forma airada de que no le resolvían nada e incluso esta situación provocó que hace menos de un mes amenazara al consultor jurídico del ministerio, Edilio Segundo Florián Santana”, dice la medida.
Tras cometer el crimen que había planificado, Cruz de la Mota se vio impedido de salir del edificio en su vehículo, una Toyota, modelo Rush G, color negro, año 2019, placa no. G456640, que había estacionado en el sótano del ministerio.
En medio de la confusión de salida de empleados del ministerio, el homicida abandonó el edificio por la puerta principal y abordó una motocicleta en la que se desplazó hasta la Parroquia Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, ubicada en la calle San Pío X, de la Urbanización Renacimiento, donde hizo contacto con el cura José Arismendy León Helena.
Mientras estaba en la iglesia, el imputadopor la muerte Orlando Jorge Mera, llamó varias veces a su hija para que pasara a buscarlo a la iglesia, lo cual evidencia su intención primaria de no entregarse para evadir a la justicia.
Pero, al percatarse de la imposibilidad de que la hija lo sacara del lugar, informa al sacerdote que había matado a un hombre.
Los fiscales que investigaron el caso establecen que el imputado se dirigió hasta la iglesia por la única razón de no poder salir en el vehículo en el que llevaba una maleta con dinero y documentos, que apuntan a que tenía la intención de escapar una vez cometido el hecho de sangre que había planificado.
En el vehículo propiedad del imputado ocupado en el sótano del edificio había un Mini Uzi, calibre 9mm., serie No. MV-CB50492, con dos cargadores con 30 cápsulas cada uno. Además, un maletín con cuatro cargadores con capacidad para 30 cápsulas, conteniendo dos de los cargadores 30 cápsulas cada uno.
Otro de los cargadores contenía 11 cápsulas calibre 9 mm. Había también varias comunicaciones referentes al expediente de la empresa Aurum Gavia, S.N., un sobre con una manilla de 90 billetes de RD$2,000 (RD$180,000) y un reloj Cartier Roadster.
El Ministerio Público otorga al hecho la calificación jurídica de violación a los artículos 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, y 66 y 67 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.