El Pacto Eléctrico ¿la esperanza de un futuro sin apagones?

Tras muchos intentos fallidos, el Pacto Eléctrico, firmado en el año 2021, marcó un hito al trazar metas concretas a corto, mediano y largo plazo para el sector. Sin embargo, han pasado cuatro años y sus resultados son cuestionables.

Este acuerdo nacional incluye más de 100 medidas, que van desde llevar las tarifas gradualmente a su nivel de costo, focalizar subsidios solo a quienes los necesitan, reducir pérdidas de distribución, hasta impulsar la generación renovable y la planificación integral.

“El pacto eléctrico propuso unas ciento y tantas medidas que hay que tomar en todos los órdenes: medidas que tienen que ver con las distribuidoras, ajustes de tarifas... focalización de subsidios, etcétera”, resume Edward Veras, director de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

En el ámbito específico de esa entidad, Veras destacó que “desde un principio el pacto eléctrico nos formuló la necesidad de la planificación. Hoy estamos cumpliendo un Plan Energético Nacional que es bien visto por el sector financiero y tenemos la anuencia del sector privado para que ese plan se ejecute”.

En efecto, a partir del año 2021, la CNE retomó su rol planificador y elaboró un Plan Energético Nacional 2022-2036, cuyo borrador fue publicado en 2022, seguido por una segunda versión actualizada para 2024-2038 que se sometió a consulta pública este año. Veras anticipó que el siguiente paso es que el directorio de la institución apruebe esta nueva versión, la cual “hace énfasis en el gran desarrollo que hemos tenido en energía renovable, y en ese avance que debemos tener en gas natural”.

¿Qué contiene dicho plan?
Básicamente, proyecta las necesidades de oferta y las obras requeridas para atender la demanda al año 2038, alineadas con las metas nacionales de crecimiento económico.

El gobierno se propone duplicar el Producto Interno Bruto (PIB) hacia 2036, y duplicar igualmente la capacidad eléctrica instalada para entonces, según explicó el funcionario. Esto implicaría agregar varios miles de megavatios en generación, diversificando las fuentes.

Para esto, según comentó Veras, ya están en curso proyectos clave como dos nuevas terminales de gas natural licuado (una segunda en Manzanillo y la ampliación de la de Boca Chica en un 60 por ciento), que facilitarán la instalación de plantas de ciclo combinado a gas que sustituyan generadores antiguos.

Al mismo tiempo, el Plan prevé seguir incorporando energías renovables con sistemas de almacenamiento para solventar el problema de la intermitencia. Este punto es una mejora notable respecto a planes previos: “El segundo plan está mejor, porque por lo menos ya hablan de almacenamiento de energía. Las renovables sin almacenamiento de energía son imposibles”, enfatizó Jose Luis Moreno San Juan, director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La CNE ya visualiza proyectos de baterías a gran escala y centrales hidroeléctricas de bombeo (hidroalmacenamiento), aprovechando la topografía montañosa del país, para almacenar la energía solar sobrante del día y liberarla en la noche. Veras confirma que en esta nueva planificación “los precios de los sistemas de almacenamiento han bajado lo suficiente para dibujar escenarios viables de integración masiva de baterías”.

La meta de política pública es clara: llegar al 30 por ciento de generación renovable para 2030 (en cumplimiento de la Ley 57-07 y los compromisos climáticos), sin verse en la necesidad de sacrificar la estabilidad del suministro. “Hoy estamos celebrando que este año vamos a cerrar con un 25 por ciento. El 25% de toda la energía que se produce y se consume en el país proviene de fuentes renovables”, destacó Veras, señalando que, desde su perspectiva, están bien encaminados hacia el objetivo.

Las distribuidoras
Otro frente del pacto es sanear las distribuidoras. Aunque ese tema excede las funciones directas de la CNE, el gobierno ha iniciado la normalización de usuarios (instalando medidores inteligentes y regularizando conexiones) y la reducción gradual del subsidio eléctrico, que debería reflejarse en tarifas más “realistas”.

También, desde el gobierno se ha planteado fortalecer la gestión de las EDEs o incluso asociarlas con el sector privado nuevamente, siempre que sea bajo sistemas de rendición de cuentas estrictos. En paralelo, se impulsa la generación distribuida: miles de clientes han instalado paneles solares en techos para autoconsumo y entrega de excedentes a la red, beneficiándose de incentivos fiscales.

Estadísticas oficiales revelaron que de apenas 3,500 usuarios con paneles en 2019 se ha saltado a más de 22,000 en 2023, aportando alrededor de un cuatro por ciento de la demanda nacional en conjunto. Esta “democratización” de la generación aporta alivio al sistema, aunque también representa un cambio de paradigma que las empresas eléctricas deben integrar en su planificación.

En retrospectiva, el sistema eléctrico dominicano ha avanzado, pero no siguiendo a pie de letra todo lo que indica en pacto, manteniendo patrones históricos reiterativos como planes ambiciosos que no se cumplen, retrasos en la entrada de capacidad, negociaciones contractuales poco favorables y distribución rezagada.

“Ya hablamos de la planificación de por allá atrás, pero sigue siendo casi lo mismo lo que pasa en el presente”, admite Moreno, al comparar las falencias históricas con las de hoy. No obstante, agrega que hay motivos para un “cauto optimismo” si las reformas actuales se consolidan, ya que, por primera vez en mucho tiempo, existe un consenso nacional plasmado en el Pacto Eléctrico y un plan a largo plazo oficial que se actualiza regularmente.

Tanto las autoridades como los técnicos independientes coinciden en el diagnóstico y en las soluciones: planificación rigurosa, licitaciones transparentes, penalizar incumplimientos, reducir pérdidas en redes, diversificar la matriz y almacenar energía renovable. El desafío ahora es ejecutar esas tareas sin caer en la complacencia.

Como señala José Luis Moreno, la planificación es clave, pero “lo mínimo son 20 años de mirada hacia adelante”, es decir, constancia más allá de los gobiernos de turno. Solo así, la República Dominicana podrá finalmente dejar atrás el fantasma de los apagones y disfrutar de un servicio eléctrico a la altura de sus necesidades.