Advierten fusión en educación puede generar inestabilidad
En las circunstancias actuales, una fusión entre el Ministerio de Educación (Minerd) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) podría generar incertidumbre, inestabilidad jurídica y afectar la continuidad de políticas públicas fundamentales para el desarrollo educativo y científico del país.
A esta conclusión llegó la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) tras plantear que la transformación del sistema educativo nacional exige condiciones de madurez institucional, estabilidad política y confianza social, así como un clima propicio para el diálogo informado.
“Una reforma de este alcance requiere la existencia de un amplio consenso nacional, sustentado en evidencia empírica, análisis técnicos rigurosos y en la evaluación de modelos comparados. Hasta el momento, no se ha promovido un proceso participativo que integre de manera efectiva a la comunidad educativa, académica, científica, a las instituciones de educación superior y a la sociedad civil organizada”, subraya Finjus.
La ausencia de este consenso convierte la propuesta en prematura y carente de un análisis más profundo, afirma la entidad en un comunicado firmado por su vicepresidente ejecutivo Servio Tulio Castaños Guzmán. En el ámbito del financiamiento y la gobernanza, de acuerdo con la Finjus, la fusión propuesta plantea riesgos significativos. “La concentración de funciones con naturalezas, objetivos y dinámicas distintas debilitaría la gobernanza del sistema educativo y podría comprometer la claridad en la asignación de responsabilidades institucionales”, advierte. La organización afirma que de manera particular, esta fusión generaría un debate sobre el 4% del Producto Interno Bruto destinado a la educación preuniversitaria, lo que afecta la sostenibilidad financiera de ese nivel educativo y genera incertidumbre sobre la asignación de recursos a la educación superior, la ciencia y la tecnología, que requieren esquemas de financiamiento diferenciados y especializados. Según su análisis, la unificación institucional tendría un impacto directo en ámbitos como la educación preuniversitaria y superior, la investigación científica y la formación profesional, así como en la formulación de políticas públicas estratégicas.
En consecuencia, exigiría un procedimiento legislativo más riguroso y la aprobación por mayoría calificada, a fin de garantizar legitimidad, estabilidad institucional y coherencia con el ordenamiento jurídico nacional.
“La fusión del Mescyt con el Minerd abre el debate sobre la necesidad de que dicha iniciativa sea conocida y aprobada mediante una ley orgánica, en razón de que implicaría una reorganización profunda de la estructura del Estado y la modificación de competencias esenciales atribuidas por ley a ambos ministerios”, explica.
Insta al diálogo basado en evidencia
Finjus exhorta a las autoridades nacionales a priorizar el fortalecimiento institucional, el diálogo amplio y basado en evidencia, y el respeto al marco legal vigente, como condiciones indispensables para cualquier reforma estructural que impacte el derecho fundamental a la educación y el desarrollo científico y tecnológico de la nación.
La Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) también hizo públicas sus observaciones al proyecto de ley de fusión del Mescyt y del Minerd depositado en el Senado por el Poder Ejecutivo.
ADRU se suma a las instituciones que llaman a retomar el diálogo para alcanzar mayor consenso, puesto que de acuerdo con su análisis técnico el proyecto de ley sometido al Congreso Nacional, “no refleja los aportes técnicos presentados por las comisiones de trabajo creadas por decreto, para acompañar el proceso de discusión”.
En ese sentido, exhorta a que el proyecto legislativo incorpore de manera explícita las recomendaciones técnicas de los diferentes sectores para asegurar su legitimidad.
Asimismo, identifica como aspectos esenciales a revisar: el reconocimiento de las funciones sustantivas de la universidad, la autonomía universitaria, reconocida por la Constitución de la República. “Si bien el proyecto de ley la enuncia, introduce formulaciones que generan ambigüedad jurídica y podrían afectar el ejercicio pleno de las funciones universitarias”.
ADRU defiende una gobernanza plural, colegiada y deliberativa, con participación efectiva de la comunidad académica y científica. “La supresión del Consejo Nacional de Educación y del Conescyt, y su sustitución por un órgano consultivo, debilita la gobernanza democrática del sistema educativo y concentra las decisiones en una sola instancia”, afirma. En materia de aseguramiento de la calidad, reitera la necesidad de separar claramente las funciones de regulación, evaluación y acreditación, y propone la creación de una agencia autónoma de acreditación para la educación superior, conforme a estándares internacionales.
Expresidente de la ADP pide retiro del proyecto
En el marco del debate sobre la pertinencia de la fusión Minerd-Mescyt, el expresidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Radhamés Camacho, manifestó su rechazo a la propuesta del Gobierno.
El expresidente de la Cámara de Diputados afirmó que la iniciativa genera inestabilidad en el sistema educativo dominicano, por lo que sugiere al presidente de la República retirar el proyecto de ley tras advertir que el magisterio y amplios sectores de la sociedad no la aceptarán. El también titular de la Secretaría de Asuntos Magisteriales del Partido de la Liberación Dominicana considera que la fusión representa un retroceso en los avances alcanzados tras años de luchas sociales y esfuerzos colectivos para fortalecer la educación en el país. “Esa propuesta es un atentado contra la tranquilidad con la que debe trabajar el sistema educativo dominicano. Es desestabilizar un sistema que tanto sacrificio le ha costado a República Dominicana”, dijo.