Abogado acusa al alcalde Alex Díaz de incumplir acuerdo y usar proyecto de ley sin autorización

San Francisco de Macorís. - El abogado Jer Yan Lantigua acusó este martes al alcalde de este municipio, Alex Díaz, de incumplir un acuerdo que contemplaba la devolución de dinero cobrado de manera irregular a ciudadanos, así como de utilizar sin autorización un proyecto de ley elaborado por su equipo.

Según explicó el jurista, el convenio establecía que el cabildo devolvería los montos a las personas afectadas que presentaran sus recibos, mientras que, a cambio, él entregaría una propuesta legislativa destinada a modificar las leyes 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios.

Lantigua indicó que el proyecto fue remitido tanto por correo electrónico como por mensajería directa al alcalde y a su abogado. No obstante, aseguró que, luego de recibir el documento, las autoridades municipales no cumplieron con lo pactado y comenzaron a dilatar el proceso.

Asimismo, denunció que la propuesta fue filtrada y posteriormente presentada a nivel nacional por terceros, situación que considera una violación a los derechos de autoría intelectual y a los términos del acuerdo.

El abogado advirtió que, de no cumplirse lo establecido, procederá a continuar con la acción principal en los tribunales, al entender que se ha producido un incumplimiento y una falta de respeto a su labor profesional.

De acuerdo con lo expuesto, el acuerdo formaba parte de un proceso de conciliación para desistir de una acción legal previa. Entre los puntos acordados figuraban la paralización de la colocación de “candados” a vehículos, la eliminación de multas en espacios no regulados y la devolución del dinero cobrado de forma indebida.

Como contraparte, el proyecto de ley planteaba que los ayuntamientos pudieran recibir parte de los ingresos generados por multas de tránsito, además de otorgar base legal a la policía municipal para fiscalizar vehículos mal estacionados y permitir el uso de grúas municipales para su remoción.

También proponía que sea el Congreso Nacional quien determine las condiciones bajo las cuales podrían implementarse los dispositivos de inmovilización vehicular.