¿Refuerzo para el crimen organizado?
El dominicano Miguel Andrés Veras Martes, miembro de la banda Trinitarios, fue deportado a República Dominicana, según informó el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS).
“Deportar a inmigrantes ilegales salva vidas” dice el comunicado del DHS donde informa la repatriación de asesinos, agresores sexuales y narcotraficantes.
Con la llegada de Miguel Andrés Veras de la banda Los Trinitarios
tenemos que preguntarnos?
Es un refuerzo para el crimen organizado?
La República Dominicana no puede darse el lujo de convertirse en territorio de recepción para personas vinculadas a pandillas y organizaciones criminales que sean deportadas desde Estados Unidos.
Aunque una deportación no debe significar, automáticamente, la llegada de nuevos integrantes o colaboradores para fortalecer las estructuras del crimen organizado que ya representan una amenaza para nuestra sociedad.
Sin embargo el tema exige ser tratado con seriedad, inteligencia y coordinación.
No se trata de criminalizar a todos los dominicanos deportados ni de asumir que toda persona expulsada de Estados Unidos es delincuente.
Pero cuando existen antecedentes comprobados de pertenencia a pandillas, participación en hechos violentos o vínculos con organizaciones criminales, el Estado dominicano tiene la obligación de conocer quiénes están llegando, cuáles son sus antecedentes y qué riesgos representan.
La seguridad nacional no puede depender de la improvisación.
Las autoridades deben fortalecer el intercambio de información con Estados Unidos, revisar los antecedentes de cada deportado y mantener una vigilancia especial sobre quienes tengan historial criminal o vínculos con estructuras organizadas.
También es necesario preguntarnos si nuestras instituciones están preparadas para enfrentar una eventual expansión de las pandillas internacionales.
El crimen organizado no conoce fronteras.
Se adapta, busca nuevos territorios, recluta jóvenes y aprovecha las debilidades institucionales.
Por eso, República Dominicana debe actuar antes de que el problema crezca. Más inteligencia, más prevención, mayor control fronterizo y una persecución firme contra quienes intenten convertir nuestro territorio en plataforma para actividades criminales.
No podemos esperar a que aparezcan nuevas estructuras delictivas para reaccionar.
La deportación de una persona puede ser una decisión migratoria de otro país, pero sus consecuencias pueden convertirse en un asunto de seguridad nacional para el nuestro.
República Dominicana necesita puertas abiertas para la legalidad, pero puertas cerradas para el crimen organizado.