Nuevo consejo editorial
La creación de un Consejo Editorial para fortalecer y mejorar la producción de los libros de texto debe ser recibida como una oportunidad para corregir errores, elevar la calidad de los contenidos y garantizar que nuestros estudiantes reciban una educación sustentada en la verdad, el conocimiento y el rigor académico.
Un libro de texto no es simplemente un conjunto de páginas que llega a las manos de un estudiante. Es una herramienta que contribuye a formar su pensamiento, sus valores y su visión de la sociedad. Por eso, cada palabra escrita en esos libros debe ser examinada con responsabilidad.
Y hay un aspecto que merece una atención especial: la historia dominicana.
No podemos permitir que nuestra historia sea presentada de manera incompleta, distorsionada, superficial o descontextualizada. Nuestros niños y jóvenes tienen derecho a conocer quiénes fuimos, qué acontecimientos marcaron la construcción de nuestra nación, quiénes fueron sus protagonistas, cuáles fueron sus luchas, sus sacrificios, sus errores y sus conquistas.
Revisar la historia no significa manipularla para favorecer una determinada visión política o ideológica. Significa precisamente lo contrario: buscar la verdad histórica con el mayor rigor posible.
Por eso, el nuevo Consejo Editorial debe estar integrado por profesionales con verdadera competencia: historiadores, pedagogos, especialistas en currículo, lingüistas y docentes con experiencia en las aulas.
Pero hay otro problema que tampoco puede quedar fuera de esta discusión: el costo de los libros de texto y el negocio que, en algunos casos, puede generarse alrededor de ellos en los colegios privados.
Cada año, muchas familias tienen que enfrentar listas de útiles cada vez más extensas y costosas. Y cuando a esto se suma la exigencia de adquirir libros de determinadas editoriales, que pueden cambiar de un año a otro o incluso de manera frecuente, el presupuesto familiar termina pagando las consecuencias.
No se trata de cuestionar la calidad de una editorial determinada ni de impedir que los colegios seleccionen materiales pedagógicos adecuados. El problema aparece cuando la selección de libros se convierte en una práctica poco transparente, que obliga a las familias a comprar determinados textos sin alternativas razonables y convierte la educación en un mercado donde el estudiante termina siendo el último eslabón de la cadena.
La educación no puede convertirse en un negocio alrededor de los libros de texto.
El Consejo Editorial debería estudiar también este fenómeno y promover reglas claras de transparencia para la selección y comercialización de los textos utilizados por los centros educativos privados.
Debe acabarse cualquier práctica mediante la cual se obligue a las familias a comprar libros innecesarios, versiones diferentes de un mismo contenido o materiales que cambian sin una justificación pedagógica suficiente.
Los padres deben saber por qué se exige determinado libro, quién lo selecciona, cuál es su contenido y si realmente es indispensable para el proceso educativo.
Porque aquí hay algo que no podemos olvidar: detrás de cada lista de libros hay una familia que tiene que pagarla.
Y mientras discutimos la calidad de los textos, también debemos hablar de la calidad de las decisiones que determinan cuáles libros llegan a las aulas.
El Consejo Editorial tiene una gran responsabilidad. No solamente debe garantizar que los contenidos sean correctos; también debe contribuir a que el sistema sea más transparente, más justo y menos vulnerable a intereses comerciales.
Y particularmente en lo que tiene que ver con nuestra historia, debemos ser extremadamente cuidadosos.
La historia dominicana no puede escribirse según conveniencias. No puede borrarse lo que incomoda, minimizarse lo que duele ni exagerarse aquello que conviene. Nuestros estudiantes tienen derecho a conocer la historia completa, con sus luces y sus sombras.
No juguemos con la historia. No improvisemos con la educación. Y no permitamos que el